Hasta un juez narco fue enviado a su casa.
En todas las provincias, hubo un juez que con tal de no recibir extorsiones, liberó a un criminal o a un abusador sexual, todos de máxima peligrosidad.
¿Pero dónde comienza esto? Según Graña, son los propios jefes penitenciarios bonaerenses y federales lo que en las cárceles estimularon la huelga de hambre y los motines.
La impresentable Comisión provincial de la memoria, por su parte, alentó los habeas corpus colectivos. Conte Grand, el jefe de los defensores oficiales, le dio cauce.
Y como frutilla del postre, el gobierno nacional no expresó su oposición a esas liberaciones. Todos se lavaron las manos y argumentaron que son cuestiones del “poder judicial”.